La orden de arresto por crímenes de guerra, emitida este viernes por la Corte Penal Internacional (CPI), no solo estaba dirigida contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Como coacusada también está una funcionaria rusa: María Lvova-Belova.
Se trata de la comisionada del gobierno ruso para los derechos del niño, un cargo que ocupa desde octubre de 2021.
Junto a Putin, la exsenadora de 38 años enfrenta acusaciones de crímenes de guerra por la presunta deportación y transferencia ilegal de niños desde las áreas ocupadas por las fuerzas rusas en Ucrania hacia el territorio ruso, según la CPI.
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