Buques de guerra patrullan el Caribe. Misiles estadounidenses destruyen lanchas motoras en dos océanos. Y bombarderos sobrevuelan Venezuela, donde fuentes aseguran que la administración Trump ha identificado objetivos terrestres para posibles ataques.
Para gran parte del mundo, todo parece un intento de provocar un cambio de régimen en Venezuela, donde Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $50 millones por la captura del gobernante autoritario Nicolás Maduro. Pero según el presidente Donald Trump, el objetivo de esta escalada militar está más cerca de casa: cada ataque con misiles, afirma, impide que drogas mortales lleguen a las costas estadounidenses, y cada embarcación de narcotraficantes destruida salva 25,000 vidas en Estados Unidos.
A pesar de la evidencia histórica que muestra que los narcóticos traficados a través de Venezuela rara vez tienen como destino final Estados Unidos, Trump presenta esta campaña militar como una “guerra literal contra las drogas”, quizás con la intención de hacer más aceptable la idea de una intervención, especialmente entre los partidarios aislacionistas que lo ayudaron a regresar a la Casa Blanca.
“Su base es bastante escéptica respecto a las intervenciones estadounidenses”, dijo Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Council on Foreign Relations. “No creo que estén más a favor de una intervención en América Latina que en otras partes del mundo, pero mientras se presente —y quizá se motive— por la preocupación sobre las muertes por drogas en Estados Unidos y lo que sus seguidores consideran formas peligrosas de inmigración ilegal, puede parecer más justificable”
Parte de la estrategia de la administración también busca proyectar fuerza ante sus seguidores. Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth han publicado en redes sociales videos granulados de lanchas explotando, que fueron recibidos con vítores por los simpatizantes del presidente.
La Casa Blanca también designó al Tren de Aragua, con base en Venezuela, y a otras bandas del narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras”, una clasificación que, según la administración, le da justificación para actuar de manera unilateral y sin la aprobación del Congreso.
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