Los religiosos anunciaron una huelga de hambre como un acto de protesta para exigir la distribución inmediata de las 5000 toneladas de alimentos almacenados en galpones gubernamentales.
Un grupo de sacerdotes argentinos advirtió de que tomaría una medida extrema en respuesta a la retención de alimentos destinados a comedores sociales por parte del Gobierno del presidente Javier Milei.
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Los religiosos anunciaron una huelga de hambre como un acto de protesta para exigir la distribución inmediata de las 5000 toneladas de alimentos almacenados en galpones gubernamentales.
La decisión fue comunicada por Francisco Olvera, un destacado sacerdote conocido por su activismo social y su pertenencia al colectivo “Curas en Opción por los Pobres”. En un comunicado, Olvera convocó a una celebración ecuménica en la puerta de los depósitos, invitando a representantes de diversos credos a unirse al llamado.
“Si nuestro pueblo no come, nosotros tampoco vamos a comer”, declaró Olvera, quien dijo que los alimentos en cuestión incluyen yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harina de trigo y maíz, y arroz con carne.
En los últimos días, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, pidió al gobierno de Javier Milei que entregue “rápidamente los 5 millones de kilos de “alimentos guardados”.
Por su parte, el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, se sumó al pedido y sostuvo que “no hay que desproveer a la comunidad de aquello que es necesario para su vida y que es fundamental para la alimentación”. “Estamos en una situación de emergencia bastante complicada y está faltando el alimento. Muchos de los comedores que eran sostenidos con lo que aportaba el Gobierno, en este momento no lo están, entonces resulta muy difícil cuando los más afectados son los más vulnerables”, advirtió.
Estos suministros están destinados a los 45.000 comedores populares del país, los cuales atienden diariamente a personas de todas las edades en situaciones de vulnerabilidad.
El conflicto ha generado presiones sobre las autoridades, quienes inicialmente negaron la existencia de los alimentos en su lucha particular contra el movimiento popular. Sin embargo, tras una orden judicial, el Gobierno admitió su presencia, pero se ha negado a distribuirlos.
El Gobierno de Milei se justificó señaló que hay denuncias sobre la operación de comedores “fantasma”, aunque esta decisión ha sido cuestionada por líderes comunitarios y organizaciones sociales que gestionan estos comedores.
Esta advertencia de los sacerdotes llegó luego de que cientos de personas se manifiestaron el martes frente a uno de tales depósito donde el Gobierno de Milei tiene almacenado casi 3000 toneladas de alimentos y solicitaron que el Ministerio de Capital Humano cumpla con el fallo del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó el lunes que en 72 horas elabore un plan para distribuir la comida.
Todo ello se produce, mientras se conoce que una red de organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense anunció el cierre inmediato de comedores debido a la imposibilidad de seguir gestionando la asistencia alimentaria porque el Ministerio de Capital Humano no cumple con la transferencia de fondos del Programa de Abordaje Comunitario.
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