Xiomara Castro rompe el tratado de extradición con Estados Unidos y protege a su entorno sospechado por narco

 

Una publicación en redes sociales bastó al gobierno de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para deshacerse del tratado internacional que ha dado vida legal a la extradición de nacionales hondureños a Estados Unidos y que ha sido, durante una década, la principal herramienta jurídica para desmantelar a las grandes organizaciones de narcotráfico en el país centroamericano y para juzgar, en cortes estadounidenses, a los políticos que facilitaron el paso de cocaína por la ruta centroamericana, incluido Juan Orlando Hernández, el antecesor de Castro.

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El pasado jueves, cumpliendo una instrucción que la presidenta hizo pública a través de su cuenta en la red social X, el canciller hondureño Enrique Reina informó que había denunciado el tratado de extradición firmado por Estados Unidos y Honduras en 1912. En la práctica, según académicos consultados, eso significa que la legislación pierde vigencia.

La cancillería, a través de un escrito oficial, informó que había comunicado a la embajada estadounidense en Tegucigalpa la decisión de “dar por terminado” el tratado. La explicación del gobierno hondureño sobre la decisión es que se trata de una respuesta a los intentos de “injerencia” de la embajadora estadounidense en Honduras.