Los migrantes ya rozan un 10% de la población en Chile, con casi 1,9 millones, un 46,8% más que hace cinco años. De ellos, unos 336.000 se encuentran en situación irregular, un tema que ha estado presente durante toda la campaña presidencial, pero que en el descuento para la segunda vuelta entre el republicano José Antonio Kast y la izquierdista Jeannette Jara, el 14 de diciembre, ha cobrado un peso mayor.
Las tensiones en la frontera norte con Perú los últimos días por unas decenas de extranjeros varados debido a la militarización de la zona por parte del Gobierno de José Jerí han servido de excusa al ultraderechista para interpelar a la Administración de Gabriel Boric y reforzar su amenaza de expulsar masivamente a los sin papeles si él llega a La Moneda, en marzo de 2026.
Jara, por su parte, ha criticado a Kast por hacer una “maniobra electoral” con la situación de los varados y ha instado al Ejecutivo para que se coordine con las autoridades peruanas, algo que están haciendo desde este lunes los cancilleres de ambos países.
Las elecciones llegan en un contexto en que la migración irregular ha caído un 48,3% desde 2021, año peak de ingresos irregulares, según cifras del Ejecutivo, pero donde un 55% de los chilenos cree que existen diferencias y conflictos muy fuertes entre ellos y los migrantes, 11 puntos más que hace dos años, según el Centro de Estudios Públicos (CEP). Los programas de ambos candidatos abordan la problemática de los extranjeros en situación irregular, aunque el discurso de Kast le ha dado mayor énfasis, haciendo del control migratorio uno de sus ejes de campaña, vinculándolo a la seguridad, la principal preocupación de la ciudadanía.
Desde hace semanas que el ultraderechista lleva un conteo de cuántos días le quedan a los inmigrantes en situación irregular para abandonar el país antes de que -si gana las elecciones-, asuma la presidencia. “Si alguien no sale voluntariamente y tenemos que buscarlo y expulsarlo, nunca más va a entrar a suelo chileno”, ha advertido. Kast espera que los sin papeles se vayan y que colaboren con el pago de su pasaje a su país de origen: “Hemos calculado que con un avión de 100 personas, uno podría hacer viajes chárter de 100 millones de pesos (unos 106.000 dólares) por avión, y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida para volver a su patria”.
En el caso de los sin papeles que tengan procesos judiciales en curso, ha adelantado que no serán expulsados hasta que cumplan su condena en Chile. Sobre países como Venezuela, que han roto las relaciones diplomáticas con Chile y no están recibiendo a sus compatriotas, Kast ha respondido que espera que esa situación esté solucionada en los próximos meses y, si no, “habrán centros de refugio donde estarán esas personas hasta que el Gobierno respectivo envíe un avión para llevar a sus compatriotas de regreso a su patria”.
En medio de las tensiones en la frontera norte chilena con Perú, donde ambos países han iniciado un proceso de coordinación para acelerar el patrullaje y la cooperación entre las policías, las advertencias de Kast han resonado en el debate público. Cinco excancilleres de gobiernos de centroizquierda e izquierda firmaron una carta en la que criticaron las propuestas del republicano para enfrentar la crisis migratoria. “Carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática, considerando el rechazo del régimen de Maduro a recibir repatriados desde Chile; se trata de planteamientos que no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país”, apuntaron. “Las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana y con los estándares del sistema internacional y regional de protección de derechos humanos”, añadieron.
Kast se ha comprometido a no realizar regularizaciones masivas y a quitarles los beneficios sociales en salud, vivienda y educación. Respecto a los hijos de esos migrantes en situación irregular nacidos en Chile, que por ley son ciudadanos chilenos, el republicano sostiene que estudiarán cambiar la normativa para que obtengan la nacionalidad de sus padres en vez de la del territorio en el que nacen. Los planteamientos chocan con la postura del cardenal de la Iglesia católica, Fernando Chomali, quien ha dicho que hay buscar cómo regular adecuadamente la migración. “Tener habitantes en un país de categoría A, categoría B y categoría C, no me parece”, aseguró en octubre a T13 Radio.
Jara, que corre con desventaja frente al republicano, según los sondeos, ha planteado su rechazo a las medidas migratorias de Kast. “Las propuestas populistas no sirven, hay que hacerse cargo”, señaló en un foro donde participaron ambos candidatos la semana pasada. “Por eso, empadronar obligatoriamente y expulsar a aquellos que no se empadronen, es la clave”, añadió.
Entre las propuestas de la carta de la izquierda figuran el fortalecimiento del Sistema Nacional de Migraciones con medidas de ordenamiento migratorio laboral, y programas de convivencia intercultural. También propone un empadronamiento biométrico nacional temporal para identificar a los extranjeros, acotado a un máximo seis meses y, quienes no se sometan a él, serán expulsados del país. En cuanto al control fronterizo, la militante comunista propone un Plan Estratégico de Control Fronterizo y un fortalecimiento de las medidas de seguridad con personal de Carabineros y el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Comentarios
Publicar un comentario