EU aplicará en RD plan piloto de fianzas para visas de inmigrante

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que República Dominicana será el primer país donde se implementará un programa piloto que permitirá exigir una fianza económica a determinados solicitantes de visas de inmigrante considerados potencialmente como una carga pública por los funcionarios consulares.

Según reportes del medio Washington Free Beacon, los montos de estas garantías podrían oscilar entre 100,000 y 250,000 dólares; sin embargo, la vocera en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, aclaró que todavía no existe una cifra fija y que el monto será establecido de manera individual por cada oficial consular, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. EVALUACIÓN FINANCIERA SERÁ PREVIA A LA ENTREVISTA Molano explicó que el análisis sobre una posible carga pública comenzará antes de la entrevista consular, luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) apruebe la petición de residencia y remita el expediente al consulado correspondiente. El oficial consular revisará la información financiera presentada por el patrocinador mediante el formulario de apoyo económico (affidavit of support). Si determina que los recursos del patrocinador no son suficientes para respaldar al inmigrante, podrá solicitar una fianza como garantía adicional. La funcionaria indicó que República Dominicana fue seleccionada debido al alto volumen de solicitudes de visas que procesa la embajada estadounidense en Santo Domingo. El programa será evaluado durante su aplicación inicial para determinar posibles ajustes y la incorporación de otros países. FIANZA PODRÁ SER DEVUELTA BAJO CIERTAS CONDICIONES La garantía económica será administrada por USCIS y no por el consulado. Según explicó Molano, el dinero podrá ser reembolsado si, durante los cinco años posteriores al ingreso del inmigrante a Estados Unidos, este no recibe beneficios públicos y cumple con los requisitos establecidos. El concepto de “carga pública” forma parte de la legislación migratoria estadounidense y busca determinar si un solicitante podría depender del Gobierno para cubrir necesidades básicas o servicios esenciales. Aunque algunos detalles operativos aún están en proceso de definición, el Departamento de Estado confirmó que la medida ya fue adoptada y que su aplicación podría extenderse posteriormente a otros países.