Diez de los 26 detenidos en la Operación Cobra 2.0-A admitieron los hechos imputados por el Ministerio Público en el entramado de corrupción que sustrajo fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), informó la procuradora de corte Mirna Ortiz.
«En la noche de hoy el Ministerio Público ha presentado su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en esta operación. Diez de los imputados han admitido los hechos, han estado contestes con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado, lo que evidencia la fortaleza de nuestras imputaciones», dijo Ortiz a la salida del tribunal.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habló tras el aplazamiento de la audiencia de medida de coerción, dispuesta por el juez Rigoberto Sena para este jueves 24 de septiembre a las 2:00 de la tarde.
Aseguró que el juez impondrá las medidas solicitadas. «La única realidad que sucederá en este proceso, al finalizar, es que el juez impondrá las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público a cada uno de los encartados», afirmó.
SOLICITUD DE 18 MESES Y 483 PRUEBAS
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de tramitación compleja contra los 26 arrestados, por existir pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados y tratarse de delincuencia organizada.
El equipo litigante lo encabezan Ortiz y el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, junto al procurador de corte Héctor García y los fiscales Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Para sustentar la petición, el órgano acusador presentó 483 pruebas: 234 documentales, 91 materiales, 82 documentos procesales y 76 periciales.
Ortiz sostuvo que el caso no es solo económico. «El bien jurídico protegido aquí no es monetario. Está vinculado con el derecho fundamental a la salud que se vulneró en perjuicio de ciudadanos beneficiarios del SeNaSa. A todos estos pacientes se les generaron cargos ficticios que redujeron el monto de los servicios a los cuales tenían derecho», dijo.
«No se trata de 40 millones, se trata de la lesión a un derecho fundamental», agregó.
LOS IMPUTADOS
La solicitud incluye a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ysabel Heredia Vallejo, Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Se les imputan coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En la primera etapa de la Operación Cobra fue arrestado el exdirector del SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como cabecilla, junto a otros nueve imputados.
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