Estados demandan a Trump por cambios eficiencia combustible

ESTADOS UNIDOS.- Una coalición de estados liderada por California presentó este viernes una demanda contra el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por la modificación de las normas federales de eficiencia de combustible para vehículos. La acción legal fue presentada por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto a otros estados, condados y ciudades, quienes alegan que la nueva normativa debilita los requisitos de ahorro de combustible para automóviles y camionetas ligeras. NUEVO ESTÁNDAR DE EFICIENCIA El cambio impulsado por la administración Trump reduce el requisito de eficiencia de combustible proyectado para 2031 a 34.9 millas por galón (6.7 litros por cada 100 kilómetros), frente a las 50.4 millas por galón (4.7 litros por cada 100 kilómetros) establecidas durante el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden. Según la Fiscalía de California, la modificación también elimina protecciones relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero de vehículos y centrales eléctricas de carbón, petróleo y gas que estaban vigentes durante la administración Biden. REACCIONES ENFRENTADAS Funcionarios federales defienden la medida bajo el argumento de que contribuirá a fortalecer la industria automotriz estadounidense y reducir los costos iniciales de adquisición de vehículos para los consumidores. Los estados demandantes sostienen, en cambio, que la modificación incumple normas medioambientales y podría eliminar los ahorros que los consumidores obtendrían a largo plazo mediante un menor consumo de combustible. Entre los estados que respaldan la demanda figuran Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin. IMPUGNACIONES LEGALES La demanda forma parte de al menos tres impugnaciones presentadas esta semana contra las nuevas normas del Departamento de Transporte y de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). Dos de las acciones fueron interpuestas por organizaciones ambientalistas sin fines de lucro, que acusan al Gobierno de incumplir el requisito de establecer niveles “máximos factibles” de control de la contaminación previsto por el Congreso estadounidense.